Garantiza el posible pago de los daños derivados de un accidente
automovilístico que el inculpado le haya ocasionado al ofendido o
a los ofendidos por el delito o delitos que se le imputan, y que
sean acreditados y cuantificados dentro del proceso penal. Esta
deberá hacerse efectiva al emitirse la sentencia definitiva que
condena al fiado al pago de los mismos.